Guía de buenas prácticas para el acceso de los medios de comunicación a las audiencias penales


No obstante, se destaca lo dispuesto para el caso específico de la audiencia de formalización, la que probablemente sea la primer audiencia del proceso penal regido por el nuevo Código del Proceso Penal: "...los representantes de los medios de comunicación social podrán estar presentes en la misma, pero cesará toda actividad de registro de imágenes fijas, video o audio una vez que el imputado ingrese a sala y por todo el tiempo que permanezca en ella, admitiéndose únicamente el uso de los artículos necesarios para tomar nota de lo acontecido."

Esquema y primeros comentarios sobre la estructura del nuevo proceso penal uruguayo

Sin perjuicio de las cuestiones de vigencia sobre las cuales ya hemos alertado en anterior oportunidad, se puede señalar que el nuevo proceso penal "ordinario" (véase que el abreviado tiene otra regulación, según surge de lo dispuesto en los arts. 272 y 273 del nCPP), regulado por la Ley N° 19.293 y modificativas, tendrá esquemáticamente las siguientes etapas:

1) INDAGATORIA PRELIMINAR.-  

Según el art. 256 del nCPP se inicia cuando exista flagrancia delictual; por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones del Código; por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

Si bien se la ha calificado como una etapa de carácter administrativo, no compartimos dicha afirmación efectuada con esa generalidad, básicamente por las siguientes razones: 
- lo establecido en relación a la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia penal, art. 25 del nCPP.
- la actuación del órgano jurisdiccional ante distintas situaciones que pueden llegar a acaecer en la indagatoria preliminar, como ser, a modo de ejemplo, las previstas en los arts. 31, 81.2 lit. f, 98, 169.3, 184.1, 213, 259 ordinales 1 y 4, 260, 261, 264 del nCPP. 
- la intervención del imputado rodeada de las garantías fundamentales que se reconocen, por ejemplo, en los arts. 7, 63, 64, 71, 72, 169.3, 263 del nCPP.
- la eventual intervención de la víctima en la indagatoria, conforme el art. 80 y 81 del nCPP.
- se pueden adoptar medidas limitativas de la libertad ambulatoria, según se establece en los arts. 221 y 222 del nCPP.
- la eventual celebración de audiencias orales y públicas, conforme lo dispuesto en los arts. 260 y 264 del nCPP.
- la inclusión formal de los arts. 256 y ss. del nCPP dentro del "LIBRO II. PROCESO DE CONOCIMIENTO. TÍTULO I - DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS" del Código.

2) SOLICITUD DE AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Solicitud efectuada de inmediato y verbalmente (si el imputado se encuentra detenido), o por escrito por el Fiscal, cuando existan elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables (art. 266 del nCPP). Corresponde recordar que la investigación podría no haberse iniciado o se podría haber dado por terminada, según se establece en los arts. 45 y 98 y ss. del nCPP. 

3) AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

De cumplirse los requisitos formales, o habiéndose subsanado estos, los plazos para celebrar la audiencia son los establecidos en el art. 266 ordinales 4 y 5 del nCPP: la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República; en caso contrario (sujeto que no se encuentra detenido) la audiencia se deberá celebrar en un plazo no mayor a 20 días, aparentemente de recibida la solicitud (no quedando claro si el plazo se suspende si la solicitud presentaba defectos formales). En la audiencia se podrá producir prueba a solicitud de la defensa, en relación a la cautela. Se dictará una resolución judicial de múltiple contenido, acerca de la legalidad de la detención si fuese el caso; la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación; el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima (prisión preventiva inclusive); sobre toda otra petición que realicen las partes.

4) ACUSACIÓN.- 

No obstante el plazo previsto para la investigación que se ha formalizado judicialmente (art. 265 del nCPP), no hay un plazo para que el fiscal presente su acusación (arts. 127, 266 y ss. del nCPP). Quedan algunas inconsistencias en el Código, fruto de las diversas leyes que se han ido aprobando luego de su redacción original, como las incluidas en los arts. 47 y 383 del nCPP. En relación al sobreseimiento, véase en especial, arts. 129 y ss. del nCPP.

5) TRASLADO DE LA ACUSACIÓN.- 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 127 del nCPP, recibida la acusación el juez emplazará al acusado y su defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral. Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo para evacuar el traslado será común a todos ellos. 

6) AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.- 

Evacuado el traslado antes referido, o vencido ese plazo, se convocará dentro de los 10 días siguientes a la audiencia de control de acusación, cuyo contenido se encuentra previsto en el art. 268 del nCPP, al cual remitimos. 

7) AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL.-  

Dentro de los 3 días de concluida la audiencia, conforme lo dispuesto en el art. 269, se dictará el denominado auto de apertura a juicio, también de contenido múltiple, y que presenta la particularidad que es irrecurrible. Se trata de una especie de providencia que sirve para ordenar el proceso y las actuaciones futuras que se deberán realizar. 

8) PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL.- Según se dispone en el citado art. 269, ordinal 2, en el plazo de 5 días de dictado el auto de apertura de juicio oral, se comunicará a las partes el juez que intervendrá en la audiencia y la fecha de su realización, la que deberá tener lugar no antes de diez días ni después de tres meses desde la notificación del auto referido. Se produce aquí una modificación en el órgano judicial que hasta ese momento venía interviniendo (véase, además, arts. 24, 25 y 29 del nCPP en sede de competencia de tribunales y juzgados, en actuaciones previas y posteriores a las "audiencias de juicio").

9) AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.- 

Su contenido se encuentra regulado en los arts. 270 y 271 del nCPP, incluyéndose en el mismo la referencia a actos procesales de alegación o presentación inicial, producción de prueba y alegatos finales. El tribunal podrá suspender la audiencia por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo que resulte necesario, el que no podrá extenderse por más de 10 días, salvo casos excepcionales y debidamente fundados.

10) SENTENCIA.- 

Al término de la audiencia se dictará la sentencia definitiva. Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a 15 días para dictar la sentencia con sus fundamentos (arts. 119 y ss. y 271.7 del nCPP).

Sugerencia para citas: SOBA BRACESCO, I. M., "Esquema y primeros comentarios sobre la estructura del nuevo proceso penal uruguayo", en Derecho Procesal [Blog], , (fecha de acceso).

La cuestión de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal

El 1° de noviembre de 2017 entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293, de 19 de octubre de 2014 y modificativas). 

La Ley N° 19.544, de 20 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2017, fue la última de las modificaciones al Código de las publicadas con anterioridad al 1° de noviembre de 2017.

Esa Ley N° 19.544, con modificaciones relevantes al nuevo CPP -que entre otras cosas incluían la derogación de la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena-, dispuso en su art. 11 que la misma regiría simultáneamente con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.293 y sus modificativas, consagrando así una solución especial diferente a la del art. 1 del Código Civil. La Ley N° 19.544 se encuentra en vigencia, aún cuando no hubiese sido publicada en el Diario Oficial al 1° de noviembre de 2017.

Las modificaciones aprobadas por Ley N° 19.549, no cuentan con una solución especial, de similar tenor a la del art. 11 de la Ley N° 19.544, en cuanto a su vigencia. 

En virtud de lo anterior, habría que esperar a los 10 días siguientes a su publicación, conforme lo que surge de la interpretación del art. 1 del Código Civil (aunque para algunos podría resultar una disposición un tanto anacrónica o discutible): 

"Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República. La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en la Capital."

Por tanto, al 1° de noviembre de 2017 comenzará a regir el nuevo CPP con un proceso penal que contará, entre otras muchas cosas, con una estructura diferente a la que se aprobó por Ley N° 19.549. En ese sentido, de la audiencia de formalización y la audiencia de juicio se pasó a una audiencia de formalización, una audiencia de control de la acusación, una audiencia de juicio oral, etc.

Otra cuestión que entendemos de gran relevancia es que en las modificaciones al nuevo CPP aprobadas por Ley N° 19.549, se incluyó una regla especial de competencia que establece que el Juez de la formalización es diferente del Juez que intervendrá en el llamado juicio oral. Dice la referida modificación al CPP, aún no publicada al 1° de noviembre, que el Juez automáticamente deberá dejar de intervenir, pues quedará impedido de celebrar la audiencia de juicio y de dictar sentencia.

La interrogante es, pues, qué sucederá con los procesos que se comienzan a regir por el nuevo Código el 1° de noviembre de 2017, pero que son anteriores a la vigencia de la Ley que modifica el Código en el aspecto que acabamos de considerar. 

Parecería que se debe aplicar en ese supuesto el art. 16 del nuevo CPP en cuanto establece: 

"(Ley procesal penal en el tiempo). Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.
No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.
Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndolo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.
Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior." (énfasis agregado).

En consecuencia, en esta reflexión preliminar, se puede señalar que para esos procesos penales que aplica el nuevo CPP a partir del 1° de noviembre de 2017, no correspondería el cambio de tribunal luego de la formalización, y para los posteriores a la vigencia de la modificación al Código (Ley N° 19.549), la regla será otra.

Por último, simplemente recordar que existe una disposición transitoria en el art. 402 del nuevo CPP (en redacción dada por Leyes N° 19.436, 19.511 y 19.544), a la cual remitimos, y que dispone -entre varias cosas más- que desde el día de la entrada en vigencia de este Código, el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión. A su vez, las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este Código continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en este Código.

Derogación de la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena


Dicha Ley incluye varias modificaciones y ajustes al nuevo CPP (Ley N° 19.293 y modificativas), destacándose la derogación de las disposiciones que originalmente referían a la libertad condicional y a la suspensión condicional de la pena (art. 9). Se ha justificado dicha derogación en que ese sería, supuestamente, el sistema que mejor se adaptaría al nuevo proceso penal, en el que la prisión preventiva debería ser la excepción y en el cual la pena se debería cumplir únicamente luego de sustanciado un proceso penal con las garantías del debido proceso.

Se realizan cambios en la competencia de los Jueces de Ejecución y Vigilancia, como se puede apreciar del art. 3, que sustituye la redacción del art. 288 del nuevo CPP.

Finalmente, se destaca el art. 10 por el cual se sustituye el art. 402 del nuevo CPP (que ya había sido previamente modificado, ver Leyes N° 19.436 y N° 19.511). Dicho artículo prevé una disposición transitoria, a efectos de hacer operativo el régimen de transición del viejo Código al nuevo sistema procesal penal. En ese sentido, las "causas penales" en trámite al 1 de noviembre de 2017 -fecha de entrada en vigencia del nuevo CPP- continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código anterior. 
Con la nueva redacción se le agrega un inciso tercero al art. 402.1, señalándose que los institutos liberatorios como la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional, que benefician a los condenados, serán de aplicación para los procesos anteriores a la vigencia del nuevo Código. Esos beneficios continuarán aplicándose a las causas penales –en trámite o finalizadas- comprendidas en régimen transitorio.